¿Están de verdad en riesgo las pensiones?

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El Gobierno ha estado limitando en los últimos años y sistemáticamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a las prestaciones generadas a través de la cotización, durante muchos años a la Seguridad Social y en base a aportaciones que significaban una parte importante de su sueldo. Lo ha hecho mediante reformas puntuales de determinados temas e intentando siempre evitar el desgaste y la pérdida de votos que esto le podía significar. Entre las reformas que más recortes han supuesto en los últimos años, cabe señalar la exigencia de cada vez más periodo cotizado para alcanzar una prestación del 100% en relación a las cantidades cotizadas, el posponer, también gradualmente, la jubilación hasta los 67 años o la limitación en las actualizaciones de su importe en base a criterios de sostenibilidad y de expectativa de vida, lo que determina que se repita cada año la provocación de limitar dicho incremento a un 0,25%, es decir, a unos 2€ al mes para la mayoría de las pensiones. Todo esto al mismo tiempo que el Gobierno alardea de una recuperación económica espectacular y modélica.

Al mismo tiempo también se ha estado acudiendo al Fondo de Pensiones, es decir, al saldo positivo que se generaba como consecuencia de que los ingresos por cotización eran superiores a los pagos por pensiones, no solo para comprar la deuda pública generada durante los últimos años de corrupción y despilfarro, sino incluso para pagar directamente una parte de las pensiones debidas, fundamentalmente los importes de las pagas extraordinarias.

Y a todo eso se añade que, con cargo también a ese mismo activo, se han estado creando incentivos y bonificaciones a los empresarios que contrataban personas trabajadoras, aun cuando fueran en modelos de contratación precaria como es el caso del contrato de emprendedores.

Al final, se llega a una situación prácticamente anunciada, es decir, en el año 2019, a más tardar, si no se recaudan cotizaciones suficientes a la Seguridad Social (y eso es absolutamente inimaginable en este momento) o si no se actúa de forma decidida para corregirlo, ya no habrá fondos de reserva para hacer frente a las prestaciones de jubilación,

Parece claro que ningún gobierno dejará, de momento, de pagar las pensiones, aunque solo sea por el gravísimo coste electoral que ello le supondría, pero es evidente que esta situación dará paso a reformas, correcciones en el sistema y nuevas políticas de las que habrá que estar atentos por el riesgo que han de suponer a la pérdida de derechos que de ello pueda derivar.

Hace ya unos meses, la economista Mirem Etxezarreta analizaba este problema en una de sus intervenciones y ponía especial atención en la reflexión de que los costes que suponían otras partidas no se condicionaban a ningún ingreso vinculado a aquella actividad, como es el caso del ejército, y simplemente se cargaban a los presupuestos generales.

Habrá que controlar hacia donde nos llevan los representantes políticos.