Inconstitucionalidad y vulneración de derechos fundamentales en la aplicación del Art. 155 CE

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El día 1 de diciembre de este año se celebró en la sede del ICAB un acto organizado conjuntamente entre la Comisión de Defensa de los Derechos de la persona de aquel Colegio y el Colectivo Praga. La compañera de nuestro despacho, Mireia Montesinos, participó moderando la segunda Mesa y exponiendo las conclusiones finales sobre la inconstitucionalidad y la vulneración de Derechos Fundamentales que conllevan las medidas aplicadas en Cataluña por el Gobierno del Estado a través del artículo 155 de la Constitución que adjuntamos.

CONCLUSIONES SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE CONLLEVAN LAS MEDIDAS APLICADAS EN CATALUÑA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, VÍA ARTÍCULO 155 CE. ACTO CELEBRADO Al COLEGIO DE La ABOGACÍA DE BARCELONA Y ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL ICAB Y POR EL COLECTIVO PRAGA.

Las medidas adoptadas y aplicadas en Cataluña por el Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, y aprobadas por el Senado son inconstitucionales por las siguientes razones:

PRIMERA.- El requerimiento previo hecho por el Gobierno del Partido Popular al Gobierno de la Generalitat vulnera el artículo 155 CE puesto que no indica cuáles son las obligaciones constitucionales que se afirman incompletas y no define el marco ni la finalidad legítima de las medidas que se pretenden adoptar.

SEGUNDA.- La tramitación de la solicitud por el Senado también es inconstitucional: el Senado no cumplió con su función constitucional de control, porque las medidas propuestas y finalmente aprobadas son propuestas genéricas y de decisión futura que se dejan en manos del propio Gobierno del Estado.

TERCERA.- Las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado no se ajustan a los principios jurídicos de concreción, de necesidad e idoneidad y de proporcionalidad, de manera que no responden a las finalidades previstas en el propio texto del artículo 155 CE, que sólo permite las medidas indispensables para obligar al cumplimiento de las obligaciones constitucionales incompletas o para proteger el interés general.

CUARTA.- El artículo 155 CE no permite sustituir las autoridades catalanas, ni desapoderarlas de sus competencias y funciones. Las medidas que el artículo 155 prevé son, exclusivamente, de ejecución y tienen que ser adoptadas y aplicadas de manera restrictiva, nunca con el carácter genérico y expansivo que las está caracterizando.

QUINTA.- La autonomía, como dirección política y jurídica de la sociedad catalana, no puede ser objeto de transferencia al Gobierno del Estado; hacerlo supone la vulneración del artículo 2CE y del 152.2 CE, que reserva cualquier modificación de la norma estatutaria a los procedimientos en ella establecidos y, en consecuencia, también resulta contrario a la orden constitucional de distribución de competencias entre los diferentes órganos del Estado.

Por eso,

a).- El cese discrecional del Presidente, Vicepresidente y Gobierno de la Generalitat no tiene cabida al artículo 155 CE y es contrario al artículo 2CE y 152.2.CE, a la orden constitucional de distribución de competencias, y a los artículos 66 y 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

b).- La facultad del Presidente de la Generalitat de disolver el Parlamento y convocar elecciones no puede ser, en ningún caso —tampoco en aplicación del artículo 155 CE—, objeto de transferencia al Gobierno del Estado; por eso la disolución del Parlamento que se ha impuesto vulnera los artículos 2 y 152 del texto constitucional y los artículos 55, 73, 74 y 75 del Estatuto de autonomía de Cataluña.

c).- La Administración de la Generalitat de Cataluña se está interviniendo sin especificar las medidas concretas, ni su intensidad y extensión, y sin determinar los actos administrativos que pueden ser objeto de sustitución por parte de los órganos del Estado. Esto provoca una sustitución general y discrecional de toda la administración y vulnera el artículo 143 del Estatuto de autonomía en relación con los artículos 1, 2 y 71 del mismo cuerpo legal.

d).- La intervención absoluta de las finanzas de la Generalitat de Cataluña supone la vulneración del artículo 2CE, de la orden constitucional de distribución de competencias y de los artículos 201 y 202 del Estatuto de autonomía.

e).- La supresión de oficinas, cargos y comisiones de la Generalitat de Cataluña es contraria al artículo 2CE, a la orden constitucional de distribución de competencias y al artículo 143 del Estatuto de autonomía en relación a los artículos 1, 2 y 71 del mismo Estatuto. Hay que remarcar que también se ha suprimido la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, creada para investigar los hechos que sucedieron el día 1 de octubre en los colegios electorales.

 

 Las medidas adoptadas y aplicadas en Cataluña por el Gobierno del PP son contrarias a los siguientes derechos fundamentales:

 PRIMERO.- Vulneran el derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, establecido al artículo 23.1.ce, y de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, regulado al segundo párrafo del mismo precepto, porque se ha decidido la disolución del Parlamento de Cataluña por un gobierno que no está legitimado para hacerlo.

Esta medida también es contraria al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al artículo 25 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y al artículo 3 del Convenio Europeo de derechos humanos.

SEGUNDO.- La aplicación del artículo 155CE y la obligación de acatamiento y de lealtad a la Constitución que lo justifica, suponen la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión establecidos al artículo 20CE; en definitiva, comportan la vulneración del derecho a discrepar.

TERCERO.- Aunque no sea consecuencia directa de la aplicación del artículo 155 CE, pero sí una actuación paralela de los órganos del Estado, se tiene que dejar constancia de la vulneración de derechos fundamentales que supone la incoación de los procedimientos penales a dos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil catalana (ANC y ÒMNIUM), a los miembros de Mesa del Parlamento de Cataluña, a los miembros del Gobierno de Cataluña y a los dirigentes de los Mossos d’Esquadra: su Mayor y su Intendente. En estos procedimientos penales se vulnera el principio de legalidad en la medida que se fuerza de manera indebida los tipos penales de rebelión y sedición, se vulnera el principio de proporcionalidad porque no hay justificación suficiente para la prisión provisional, y, finalmente, se infringe el derecho fundamental a un juez predeterminado por ley, al haberse atribuido la competencia primero a la Audiencia Nacional y después al Tribunal Supremo.

Barcelona, 1 de diciembre 2017