Ley de Transparencia y Cat Salut

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INSTRUCCIÓN 11/2017 DEL CATSALUT, LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LOS DATOS RETRIBUTIVOS DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ENTIDADES PRIVADAS PRESTAMISTAS DE SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS

 

El pasado 31 de julio del 2017, entró en vigor la Instrucción 11/2017 del Servei Català de la Salut, que regula las actuaciones de las entidades prestamistas de servicios sanitarios públicos que tienen naturaleza privada, en relación con las obligaciones establecidas por la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG).

La mencionada resolución afecta todos los centros y establecimientos del sistema sanitario integral de utilización Pública de Cataluña (SISCAT), y determina, por un lado, la información que tiene que facilitar el CatSalut de las entidades privadas prestamistas de servicios sanitarios públicos y, por otro lado, las obligaciones de estas empresas en cumplimiento de la LTAIPBG.

En concreto, la mencionada Instrucción se centra en los datos relativos a las retribuciones de los cargos directivos de las entidades del SISCAT que tienen que ser facilitadas al CatSalut, a petición de cualquier ciudadano o ciudadana en virtud de su derecho de acceso a la información pública, para que este organismo se las pueda trasladar. Aun así y, en relación con el anterior, se establecen —por remisión a los criterios aprobados por la CITGO y la GAIP— las notas definitorias del concepto de “cargos directivos”, que la LTAIPBG no desarrolla.

La normativa que se ha aplicado a partir del 31 de julio del año en curso, da respuesta a las más de cien reclamaciones interpuestas ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), bajo la dirección letrada de las miembros del Colectivo AiDE, ante la negativa del CatSalut y de las diferentes empresas de la sanidad concertada en Cataluña de facilitar las retribuciones percibidas durante los años 2014, 2015 y 2016 por los cargos directivos de éstas últimas. Los principales motivos de oposición se centraban en las disposiciones de las propias Instrucciones aprobadas por el CatSalut con anterioridad a aquella que ahora es objeto de análisis, así como en la regulación de la Ley Orgánica de Protección de datos.

El artículo 3.2 de la LTAIPBG establece el derecho de acceso a las retribuciones de los cargos directivos de aquellas empresas que tienen un volumen de negocio vinculado a actividades públicas que supera el 25 % de su volumen general. Y la GAIP ha definido qué se tiene que entender por cargo directivo y qué percepciones económicas forman parte de su retribución:

  • Cargo directivo: Tienen la consideración de cargos directivos los máximos ejecutivos de cada entidad; los miembros del comité, consejo o equipo de dirección, si hay, y, en general, los directivos que tengan atribuidas las siguientes notas definitorias: responsabilidad en la gestión (presupuesto, objetivos, autonomía en el ámbito respectivo), sujeción a evaluación y control de resultados, participación directa en la presa de las grandes decisiones o decisiones estratégicas de la entidad, capacidad de comprometer externamente la organización, dirección de equipos de personas y subordinación directa al máximo órgano de gobierno.

La expresión “cargo directivo” no incluye los cargos de responsabilidad que no tengan la condición de directivos en conformidad con los criterios expuestos.

  • Retribuciones: El término “retribución” es más amplio que el del salario, puesto que engloba todo tipo de conceptos remunerativos y de complementos, incluidos los variables, tanto dinerarios cómo en especie, que puede percibir una persona a cambio de su trabajo.

Se excluyen las indemnizaciones, las asistencias y las dietas porque no tienen una finalidad retributiva, sino la de compensar un gasto o un perjuicio causado por razones laborales. El artículo 11.1.b de la Ley de transparencia, cuando define publicidad activa en esta materia, habla de “retribuciones, indemnizaciones y dietas”. Ahora bien, el artículo 3.2 sólo hace referencia a las primeras, por lo tanto, las entidades privadas no están obligadas a facilitar los datos relativos a las indemnizaciones y a las dietas.

La información relativa a las retribuciones de los cargos directivos es una información que se tiene que facilitar por imperativo legal (art. 3.2 de la Ley de transparencia), de forma que hay que entregarlas sin necesidad de dar traslado a las personas afectadas (art. 11 de la LOPD). El acceso a estos datos prevalece legalmente sobre su protección.

La difusión de los datos no requiere ni el consentimiento de las personas afectadas ni que se les dé traslado previo ni audiencia en relación con las respectivas reclamaciones de información. Ni las personas ni las empresas afectadas pueden poner límites a la difusión de la información. Aun así, el artículo 16 de la LTAIPBG obliga las administraciones a entregar la información en formato reutilizable, precisamente para facilitar su aprovechamiento y su eventual difusión.

  • Limitaciones: informaciones obtenidas por solicitantes que ostentan una posición especialmente reforzada en el ejercicio del derecho de acceso, al margen de la cual no podrían obtenerla. Ejemplo: representantes sindicales, respecto de la información relacionada con su tarea representativa. Por el contrario, si una persona ha obtenido información pública que es al alcance de la ciudadanía en general, tiene derecho a difundirla.

Huelga decir que la Instrucción 11/2017 supone un paso adelante en cuanto a la transparencia en la gestión de los recursos públicos por parte de las entidades privadas que prestan servicios sanitarios con concierto con el Servei Català de la Salut, ahora bien, limita el alcance del concepto de cargo directivo y restringe, por lo tanto, la interpretación de la LTAIPBG y, en concreto, del derecho de acceso a la información pública que determina la GAIP en sus resoluciones.