Los jueces del social reducirán el número de juicios

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Desde hace muchos años, los juzgados sociales de Barcelona han soportado una carga de asuntos muy superior a lo exigible y, ante este hecho, no se han tomado medidas eficaces para corregir la situación en la que se encuentran, puesto que no se han creado nuevos juzgados ni se ha llevado a cabo ninguna dotación de más personal.

La proliferación de los expedientes de regulación de ocupación, de modificación sustancial de condiciones de trabajo y de despidos individuales de carácter objetivo y sin causa al amparo de la tan sudada crisis económica, fueron causa de un incremento incontrolado de asuntos.

Actualmente y como consecuencia de la reforma laboral y de la desregulación y la pérdida de derechos que ésta comportaba, se ha reducido el número de asuntos hasta índices similares a los años anteriores a la crisis. Sin embargo, es evidente para cualquier persona que tenga un contacto frecuente con la problemática de las relaciones laborales, que el contenido de las reclamaciones que actualmente se plantean ante los Juzgados es significativamente más complejo de lo que era anteriormente. Los juicios tienen una duración muy superior, es mucho más improbable conseguir acuerdos y conciliaciones previos al juicio y, además, las sentencias responsables que resuelven los litigios exigen una redacción y un estudio mucho más trabajados.

Ante esto, los jueces del Social han decidido reducir el número de señalamientos semanales y limitar los mismos a 10 juicios por día y tan solo dos días de juicio por semana.

Esta decisión, sin entrar en el debate del límite fijado, supone, en todo caso, un retraso muy importante en los futuros señalamientos, hasta el punto que ya empiezan a utilizarse fechas del año 2019 para los juicios que haya que señalar a partir de ahora y que no estén calificados como “urgentes” por la ley procesal. Por ejemplo, una empresa deja de pagar un par de mensualidades del sueldo y la Sentencia que necesariamente tiene que traer a imponerle el pago de la cantidad debida de se dictará el mes de febrero de 2019, y solo a partir de esta fecha se podrá iniciar el embargo de bienes de la empresa, si ésta no paga.

La decisión de los jueces del social pretende llamar la atención y la reacción proporcionada de los órganos de la administración de justicia (Consejo General del Poder Judicial, Ministro de Justicia, Generalitat de Catalunya, etc.), pero nada indica que la respuesta sea eficaz, y muchos menos rápida, hecho que comportará un perjuicio inmediato a los derechos de los trabajadores, que ya están bastante limitados por el propio sistema legal. El riesgo es bastante previsible: la clase trabajadora no reacciona ante esta circunstancia y tiene que determinar que la situación se enquiste, se incorpore a la cotidianidad y que, finalmente, se traduzca en un nuevo retroceso por la parte más débil.

Se ha perdido una ocasión para trabajar en la línea de conseguir un planteamiento conjunto de todas las personas vinculadas al ejercicio del derecho laboral (jueces, abogados, funcionarios, sindicados, etc.) en la exigencia de poder corregir una situación que no es sostenible.