La declaración judicial de fijeza de los contratos temporales con la Administración

Dos recientes sentencias de los Juzgados Sociales de Barcelona (De 4 y 23 de junio) declaran la FIJEZA de dos contratos temporales con la Administración, estimado las demandas planteadas por el Colectivo Aide.

Las sentencias de los Juzgados Sociales 32 y 25 de Barcelona, de fechas 4 de junio de 2021 y 23 de junio de 2021, respectivamente, declaran en ambos supuestos la fijeza (o relación indefinida ordinaria) de dos trabajadoras con la categoría profesional de especialistas informáticas que prestaban servicios para el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En el primero de los casos la actora inició su relación con la Generalitat de Catalunya el 25/04/1997 y en el segundo supuesto, la relación se inició el 12/05/2003, en ambos casos en virtud de nombramientos como interinas y después mediante la formalización de contratos de trabajo temporal.

La magistrada del Social 32 de Barcelona y el magistrado del Social 25 del mismo partido judicial valoran en sendos supuestos que la relación que une a las parte no es de naturaleza temporal y que ciertamente la demandada ha hecho un uso notoriamente abusivo de la posibilidad de recurrir a la contratación indefinida. Respecto a esta consideración, aluden ambos juzgadores a la sentencia del TJUE, de 3 de junio de 2021, que establece que:

a) La Doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo mediante la cual se permitía que una relación temporal de interinidad pudiera durar más allá de los 3 años del art. 70 del EBEP es contraria a la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de duración determinada celebrado el 18/03/1990 que figura en el anexo de la Directiva 1999/70

b) Que la existencia de restricciones presupuestarias no es un argumento válido para hacer ineficaz los derechos contenidos en la normativa de la Unión Europea.

La magistrada del Juzgado Social 32 considera que, aunque la doctrina mayoritaria de la Jurisdicción Social es la de reconocer la condición de indefinido no fijo (figura de creación jurisprudencial), el reconocimiento de tal condición perpetúa una temporalidad, ya que la cobertura definitiva de la plaza por el sistema de oferta pública determina la extinción de esa relación indefinida. Valora que el silencio normativo existente al respecto implica la inexistencia de mecanismos legales que eviten el uso fraudulento de la contratación temporal por parte de la Administración. Por ello, en la línea de lo estipulado en la sentencia del TSJ Madrid, considera que se tiene que aplicar de forma directa la protección de la Directiva 1999/70 y señala al respecto que ésta no contraviene el artículo 103 de la Constitución debido a la primacía el Derecho de la Unión frente al Derecho interno y por la propia doctrina del Tribunal Constitucional que señala que establece que el sistema de igualdad, mérito y capacidad se reserva para plazas de funcionarios y no para plazas que se cubren mediante contrataciones laborales.

En los presentes supuestos, las vinculaciones alcanzan 27 y 19 años, respectivamente, y se han efectuado a través de bolsas de interinos que se ofertan de manera pública y general. Por tal motivo y con el citado objetivo de reparar tan flagrante incumplimiento por parte de la Administración, ambos magistrados consideran que el vínculo que una a las partes es FIJO y no indefinido no fijo.
Respecto de la antigüedad, la magistrada del Juzgado Social 32 de Barcelona estima la antigüedad inicial postulada por la actora, el 25/04/1997 argumentando que no es razón para no reconocer esa antigüedad el hecho de que ese primer tramo de relación de servicios se hiciera al amparo de nombramientos administrativos. Sin embargo, el magistrado del Juzgado Social 25 de Barcelona reconoce la antigüedad desde el primer contrato temporal por obra o servicio determinado, el 1/07/2005, y no desde el primer nombramiento, por considerar que ello sería competencia de orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Ambas sentencias son dos ejemplos de las varias que últimamente están siendo dictadas por los diferentes Tribunales a favor de la tesis de declaración de fijeza de las relaciones temporales fraudulentas entre las Administraciones y sus trabajadores/as.

Al respecto, no podemos dejar de hacer referencia a la recientísima sentencia nº 649/2021 del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 28 de junio de 2021, publicada el 30/06/2021. De forma prioritaria, cabe señalar que el objeto de aquél recurso de casación para la unificación de doctrina se basa en determinar si el contrato de interinidad por vacante suscrito por la Junta de Andalucía con la actora debe ser considerado válido (según alega la Administración) o, por el contrario, la relación laboral entre las partes debe ser considerada indefinida no fija (según solicita la parte actora); no se planteó al Tribunal la posibilidad de ser declarada fija, con lo que no existe pronunciamiento, en esta sentencia, sobre dicha cuestión. Para resolver sobre si el contrato laboral temporal es válido o no, la Sala procede a examinar la incidencia que haya de tener la STJUE de 2 de junio de 2021 (C-726/19), llegando a dos conclusiones principales:

– Para que un contrato temporal sea considerado válido, la duración del mismo tendrá que ser la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante según la normativa legal o convencional específica. Y a falta de previsión normativa, interpreta que, con carácter general, una duración superior a 3 años (de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 EBEP) debe considerarse injustificadamente larga.

– El cómputo del plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo ya que las coberturas de vacantes de trabajadores/as no implican aumento presupuestario.

Argumenta el Tribunal Supremo que constituye obligación para el Estado tanto la estabilidad presupuestaria y del control de gasto (Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012), como la obligación de prevenir y sancionar la utilización abusiva de la contratación temporal por pare de la Administración (cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada). Concluyendo que la justificación de la inactividad administrativa amparada en la obligación del Estado de mantener la estabilidad presupuestaria y de control de gasto, ya no resulta tan clara ya que, con la convocatoria y subsiguiente ocupación de plazas vacantes ya cubiertas por trabajadores interinos, el gasto no se incrementa sino que sería el mismo.

Por tanto, quedamos a la espera de lo que se decida en el Congreso el próximo miércoles 21 de julio de 2021, para proceder a analizar el texto legislativo definitivo que desarrolle la obligación que emana de la normativa europea de prevenir y sancionar la utilización abusiva de la contratación temporal por parte de la Administración.

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